Andalucía y la corrupción

"La juez Mercedes Alaya, que esta pasada madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, mientras que la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.

En un auto de prisión de 38 folios, la juez hace un resumen de lo investigado hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".(El Mundo)

Los que manejan mucho dinero siempre tienen la tentación de hacer con él desviaciones no siempre honestas, y si un partido, como el P.S.O.E. se eterniza en el poder, esta tentación se multiplica por el número de años de gobierno. Este partido ha gobernado a los andaluces desde que comenzaron los gobiernos autonómicos, demasiado tiempo, pues una de las buenas características de la democracia es la alternancia en el poder, ya que así se puede barrer la casa sin inquilinos que dificulten la labor de limpieza. Hay demasiados rincones oscuros donde hace mucho tiempo que no ha llegado ni la escoba ni la fregona, y esto es muy negativo para la democracia y para el pueblo.

La Unidad Especializada de Inspección de la Seguridad Social de Sevilla ha desarticulado una red de empresas sin actividad aparente y dedicadas a dar de alta a trabajadores, la mayoría varones de etnia gitana y familiares entre sí, para que cobraran la prestación por desempleo.



La Inspección de Trabajo detectó que tres empresarios podrían estar incurriendo en un delito contra la Seguridad Social al utilizar sus empresas para permitir que 157 trabajadores accedieran y disfrutaran de prestaciones por desempleo mediante la simulación de contratos laborales. Una de las empresas implicadas es «15 Innova 24H S. L.U». Su administrador y socio único Manuel M. C, que en su día trabajó como funcionario en la Tesorería de la Seguridad Social y ahora es administrativo en la Jefatura Superior de Policía, podría ser el cabecilla de la trama. De momento, ha sido citado como imputado por el Juzgado de Instrucción 2. Los otros dos implicados son extranjeros: Filip M. F y Dimitar A. S., este último en prisión hasta el el pasado 29 de febrero por otros delitos.


Estos 157 trabajadores supuestamente eran contratados para prestar servicios de atención domiciliaria y limpiar el mercadillo del Charco de la Pava, servicios que ya presta el Ayuntamiento de Sevilla a través de sus propios medios. No tenían experiencia en el sector de la limpieza. Más de un centenar de los supuestos beneficiarios han declarado esta semana en las dependencias policiales en calidad de imputados.

Esto es una suma y sigue del proceso de corrupción de la clase política, en este caso del P.S.O.E. andaluz. Estos señores se han creido dueños y señores del cortijo y así hacían y disponían a su antojo. Lo peor del caso es que los dineros estafados nunca vuelven a las arcas públicas.