Una ley electoral que le quita al ciudadano la facultad de nombrar a sus gobernantes, dejando resquicios estudiados para que los políticos trapicheen y nombren a un gobierno que no ha ganado en las urnas, es una ley injusta y antidemocrática.
Todos estamos expectantes ante la nueva situación. Ya hemos recibido un duro castigo económico, ante la incertidumbre creada. Al final, si la economía se deteriora, los que pagarán serán los de siempre: el pueblo llano. Como los políticos, todos, anteponen sus propios intereses a los de la nación, no esperemos otra cosa que asistir a un espectáculo que no promete buenos augurios para los ciudadanos.
sábado, 9 de junio de 2018
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